lunes, 3 de enero de 2011

El Estado Fallido. Realismo vs. Optimismo



Bandera Dominicana
La República Dominicana parece estar condenada a ser triste y desdichada. Desde sus inicios nuestro país ha sido víctima de saqueos y barbaridades por parte de gran parte de sus políticos; entre los arcaicos casos podemos mencionar a Ulises Heureaux, Ramón Cáceres y Rafael Leónidas Trujillo entre otros. Pero yéndonos al siglo pasado (el cual es el más reciente), durante el mismo no solo Trujillo saqueó este país sino también la gran mayoría de los gobernantes elegidos supuestamente de forma democrática, exceptuando el de Juan Bosch, casi todos los demás gobiernos posteriores al tirano han malversado y abusado de los recursos que poseemos. En este país no se avanza de forma exitosa; no se sale de la pobreza y la desigualdad es cada vez más amplia entre las diferentes clases sociales. A causa de la corrupción estatal los pobres se empobrecen más, la clase media también se empobrece y los ricos y grandes empresarios se enriquecen. De nada sirve la creación de un DPCA, de nada sirven las denuncias por parte del pueblo y  los medios de comunicación. A pesar de ser obvia la corrupción de muchos de los funcionarios de los gobiernos, nunca los destituyen, siempre los cambian a otra dependencia o los nombran asesores o ministros sin carteras.


La debilidad de las instituciones de nuestra media isla es en parte responsable de este desorden socioeconómico, político y moral que actualmente vivimos los dominicanos. La justicia y sus diferentes organismos han dejado mucho que desear cuando se enfrentan a escándalos de gran magnitud. Si los acusados son adinerados tienen un noventa y nueve (99%) de salir librados, gordos y colorados de las débiles garras de nuestro sistema judicial, el cual se ha demostrado puede ser burlado, sobornado e incluso comprado. En este país hay muchas vacas sagradas, hay mucha prensa amarilla, hay mucho clientelismo, clásico y moderno; hay mucha manipulación y engaño a los más desposeídos y menos educados; el gobierno viola la constitución; este país tiene muchos ignorantes por que el gobierno no proporciona una educación digna y de calidad; los hijos de los gobernantes y funcionarios públicos no acuden a los centros públicos en busca del pan de la enseñanza, sino que acuden a los colegios y centros privados e incluso envían a sus hijos e hijas a estudiar fuera del país. ¡Qué pena!, ¡qué desfachatada!, qué vergüenza siento como dominicano al ver esta injusticia; ¡Qué pena! que un pequeño grupo viva bien a costilla de los demás; ¡Qué pena! que las organizaciones que deben jugar un rol protagónico en nuestra sociedad estén practicando corrupción; ¡Qué pena! que el plan de desarrollo sea un cuento; ¡Qué pena! que seamos indolentes; ¡Qué pena! que Quisqueya muere; ¡Qué pena! que los reclamos del pueblo no sean escuchados; ¡Qué pena! que la conciencia de nuestros votantes las hayan comprado; ¡Qué pena! que don Juan no está vivo; ¡Qué pena! que la corrupción sea socialmente aceptada; ¡Qué pena! que ya no queramos leer; ¡Qué pena! que nos engañan; ¡Qué pena! que nos dejamos engañar; ¡Qué pena! que el dominicano no sea dueño de los destinos de su nación; ¡Qué pena! que estemos vendiendo nuestro patrimonio;  ¡Qué pena! que estemos vendiendo nuestro país; ¡Qué pena! que los partidos políticos han fallado; ¡Qué pena! que seamos un estado fallido; ¡Qué pena! que seamos un puente para el narcotráfico; ¡Qué pena! que seamos un narco estado; ¡Qué pena! que Wilton Guerrero no sea nuestro presidente; ¡Qué pena! que países más pobres que el nuestro destinen más recursos a educación;  ¡Qué pena! que hay tantas voces calladas; ¡Qué pena! que no valoremos lo nuestro;¡Qué pena! Dominicanos.  



miércoles, 15 de diciembre de 2010

LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN NUESTRO PAÍS



A lo largo de la historia de nuestro país podemos encontrar innumerables casos de corrupción, los cuales han sido clave para frenar el desarrollo de nuestra nación. Desde la proclamación de la independencia en el año 1844 hemos tenido gobernantes corruptos; un ejemplo de ello lo fue nuestro primer presidente constitucional Pedro Santana, quien  en el primer año de su gestión gubernamental hizo un uso abusivo de su autoridad y de los recursos que tenía el estado en aquel entonces, logrando con esto convertirse en un dictador despiadado, manejando a su antojo los asuntos públicos de la naciente República Dominicana. De esta forma empezó la historia de la corrupción en nuestra media isla, la cual (salvo cortos períodos) no se ha detenido hasta nuestros días.

Como podemos ver empezamos mal, y fruto de ese mal inicio hemos tenido muchos gobiernos caracterizados por la no transparencia en el manejo de los recursos de nuestro estado. En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con personajes de la talla de Buenaventura Báez y Ulises Heureaux de quienes ya sabemos su historia, y ni hablar de la dictadura más prolongada de nuestro país, la cual encabezada por Rafael Leónidas Trujillo se extendió por más de 30 años. Un ejemplo más reciente lo fue el gobierno que encabezó durante 12 años el Dr. Joaquín Balaguer quien durante este largo período utilizó los recursos públicos para aplastar a sus opositores y mantenerse autoritariamente en el poder.                     

En la actualidad no estamos muy lejos de aquellos días; nos encontramos viviendo en situaciones similares, viendo como el poder ejecutivo y los funcionarios públicos no cesan la práctica del favoritismo y el derroche abusivo del dinero del estado. El enriquecimiento ilícito de muchos de los servidores del estado se ha convertido en algo común para la ciudadanía, ya que cada cuatro años (o en menor tiempo) vemos como las personas que han estado ejerciendo una función pública, aumentan de forma descomunal su patrimonio personal. La mayoría de la población ve esto como normal porque tienen muchos problemas, y la corrupción no es de su incumbencia ya que ven como las autoridades fiscalizadoras del estado se hacen de la vista gorda y en vez de sancionar a los corruptos, los protegen.

Las secuelas de que existan sistemas que hagan viable la descomposición generalizada en la administración del estado dominicano, las solventan las mayorías de nuestros ciudadanos, los de siempre, los más necesitados. La existencia de funcionarios sin vergüenzas que, a expensas del estado y de sus contribuyentes, se atesoran fortunas a la vista de todos y no son castigados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes y a nuestros organismos. Ideando en la idea de nuestros ciudadanos el pensamiento de que la justicia dominicana es permisible y frágil, parcializada  habitualmente hacia las personas adineradas.

Los que usan las funciones públicas para robar son ciudadanos como nosotros y ellos lo hacen porque tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y oportunidades, pero sobre todo, tienen motivos para hacerlo. Motivos económicos, morales y políticos. Mirando la corrupción como una traba, observamos que es también un problema ciudadano, un problema de participación del pueblo en el repudio y la denuncia de la corrupción y de los corruptos; en el seguimiento a las ofertas y acciones de nuestros regímenes para enfrentar el problema; en el desarrollo de la voluntad política de los ciudadanos, para enfrentar con éxito, preferiblemente de forma conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un problema complejo y difícil pero que vale la pena hacer lo necesario para extirparlo. Creo que es primordial aplicar y ejecutar las leyes vigentes en nuestro país, en el entendido de que si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende no sólo de su existencia sino también de la voluntad política para hacerlo.

Las universidades, las iglesias, los grupos populares y los sectores más sanos de la sociedad tienen que asumir la labor, como un gran reto para producir y aplicar los instrumentos jurídicos que permitan poner fin a la ilegalidad de ese quebrantamiento que en el pasado se detenía en la puerta del despacho del Presidente; de no hacerlo la nación verá surgir en el porvenir más cercano la vuelta social y la insurrección de las masas hambrientas a causas de estafa social que propician los políticos y partidos del sistema.