A lo largo de la historia de nuestro país podemos encontrar innumerables casos de corrupción, los cuales han sido clave para frenar el desarrollo de nuestra nación. Desde la proclamación de la independencia en el año 1844 hemos tenido gobernantes corruptos; un ejemplo de ello lo fue nuestro primer presidente constitucional Pedro Santana, quien en el primer año de su gestión gubernamental hizo un uso abusivo de su autoridad y de los recursos que tenía el estado en aquel entonces, logrando con esto convertirse en un dictador despiadado, manejando a su antojo los asuntos públicos de la naciente República Dominicana. De esta forma empezó la historia de la corrupción en nuestra media isla, la cual (salvo cortos períodos) no se ha detenido hasta nuestros días.
Como podemos ver empezamos mal, y fruto de ese mal inicio hemos tenido muchos gobiernos caracterizados por la no transparencia en el manejo de los recursos de nuestro estado. En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con personajes de la talla de Buenaventura Báez y Ulises Heureaux de quienes ya sabemos su historia, y ni hablar de la dictadura más prolongada de nuestro país, la cual encabezada por Rafael Leónidas Trujillo se extendió por más de 30 años. Un ejemplo más reciente lo fue el gobierno que encabezó durante 12 años el Dr. Joaquín Balaguer quien durante este largo período utilizó los recursos públicos para aplastar a sus opositores y mantenerse autoritariamente en el poder.
En la actualidad no estamos muy lejos de aquellos días; nos encontramos viviendo en situaciones similares, viendo como el poder ejecutivo y los funcionarios públicos no cesan la práctica del favoritismo y el derroche abusivo del dinero del estado. El enriquecimiento ilícito de muchos de los servidores del estado se ha convertido en algo común para la ciudadanía, ya que cada cuatro años (o en menor tiempo) vemos como las personas que han estado ejerciendo una función pública, aumentan de forma descomunal su patrimonio personal. La mayoría de la población ve esto como normal porque tienen muchos problemas, y la corrupción no es de su incumbencia ya que ven como las autoridades fiscalizadoras del estado se hacen de la vista gorda y en vez de sancionar a los corruptos, los protegen.
Las secuelas de que existan sistemas que hagan viable la descomposición generalizada en la administración del estado dominicano, las solventan las mayorías de nuestros ciudadanos, los de siempre, los más necesitados. La existencia de funcionarios sin vergüenzas que, a expensas del estado y de sus contribuyentes, se atesoran fortunas a la vista de todos y no son castigados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes y a nuestros organismos. Ideando en la idea de nuestros ciudadanos el pensamiento de que la justicia dominicana es permisible y frágil, parcializada habitualmente hacia las personas adineradas.
Los que usan las funciones públicas para robar son ciudadanos como nosotros y ellos lo hacen porque tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y oportunidades, pero sobre todo, tienen motivos para hacerlo. Motivos económicos, morales y políticos. Mirando la corrupción como una traba, observamos que es también un problema ciudadano, un problema de participación del pueblo en el repudio y la denuncia de la corrupción y de los corruptos; en el seguimiento a las ofertas y acciones de nuestros regímenes para enfrentar el problema; en el desarrollo de la voluntad política de los ciudadanos, para enfrentar con éxito, preferiblemente de forma conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un problema complejo y difícil pero que vale la pena hacer lo necesario para extirparlo. Creo que es primordial aplicar y ejecutar las leyes vigentes en nuestro país, en el entendido de que si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende no sólo de su existencia sino también de la voluntad política para hacerlo.
Las universidades, las iglesias, los grupos populares y los sectores más sanos de la sociedad tienen que asumir la labor, como un gran reto para producir y aplicar los instrumentos jurídicos que permitan poner fin a la ilegalidad de ese quebrantamiento que en el pasado se detenía en la puerta del despacho del Presidente; de no hacerlo la nación verá surgir en el porvenir más cercano la vuelta social y la insurrección de las masas hambrientas a causas de estafa social que propician los políticos y partidos del sistema.
